En el 2003 el Consejo Nacional de la Judicatura implementó el primer concurso interuniversitario sobre competencias para los Juicios Orales, con el propósito de coadyuvar a los procesos de formación de las y los futuros profesionales de las ciencias jurídicas desde los recintos universitarios, especialmente en las destrezas y habilidades propias de los procesos constitucionalmente configurados con tendencia acusatoria.

La oralidad como elemento distintivo de una forma transparente y democrática de administrar justicia no estaba considerada como materia ni como eje transversal en los programas de educación superior; representando un reto para el Consejo a través de su Escuela de Capacitación Judicial y una apuesta hacia la mejora de los conocimientos y de las técnicas de litigación oral en los potenciales operadores del sistema de administración de justicia.

Los excelentes resultados derivados de la progresiva respuesta de las universidades del país, produjo materiales didácticos para los procesos educativos, reconocimiento del liderazgo de los funcionarios judiciales formados por la Escuela de Capacitación Judicial y la formación de los capacitadores en este campo.

Mientras paulatinamente los centros de educación superior incluían las técnicas de oralidad como parte integral de sus respectivos programas de estudios, construían salas de simulaciones para su aprendizaje, propiciando el cambio de paradigmas educativos para la formación de los estudiantes de derecho. Esta actividad se consolida y sostiene a nivel regional como pionera en los procesos de cambio hacia la instauración de la litigación oral en todas las materias.

A partir del 2010, con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, el Pleno del Consejo consciente del rol dinamizador que posee en la capacitación que técnicamente ofrece a los operadores del Sistema de Administración de Justicia, realiza de la manera más adecuada con perseverancia y tenacidad, procesos de formación especializada como el presente concurso interuniversitario para cumplir con el compromiso que tiene con la sociedad y lograr constantes éxitos al vencer los retos a los que se ve expuesto frente a los cambios que constantemente se enfrentan nuestros usuarios en la realidad jurídica, retos necesarios que impulsan una mejora constante y de lo cual somos orgullosamente triunfadores, es así como los miembros del Pleno del Consejo tomaron la acertada decisión de realizar la Octava y Novena edición del Concurso de Litigación Oral en esa Área del Derecho.

Desde el 2012, como un merecido reconocimiento a la primera competencia material que implementó la oralidad en sus procesos y tomando en consideración los resultados obtenidos en las evaluaciones de los concursos anteriores, se decidió celebrar la décima y décima primera edición del concurso interuniversitario de litigación oral, en Derecho de Familia, con el consecuente compromiso de mantener y desarrollar las buenas prácticas, generar los cambios y actualizaciones necesarios. Para la duodécima edición del concurso, que culminó en noviembre del año pasado con la gran final, se implementó la modalidad combinada de realizar las competencias en dos áreas del Derecho: Procesal civil y mercantil, y Familia.

Es nuestro privilegio reconocer el trabajo realizado y hacer lo que nos compete para que en sus próximas ediciones coadyuvemos a la formación integral del futuro profesional del derecho y el perfeccionamiento de la labor de los diferentes operadores del sistema en todas sus materias. Por ello, el despertar el interés técnico, comprometer el afán académico y potenciar la teoría y práctica de la oralidad que exigen los procesos judiciales –principalmente en el desempeño técnico de las partes frente a los tribunales– es el fundamental objetivo que mediante estos concursos de litigación oral, busca concretar el Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo”.

Reconocemos especialmente el acompañamiento de todas las universidades y sus delegaciones estudiantiles que se unieron a los esfuerzos que el Consejo realiza para contribuir al cambio de paradigmas educativos en pro de las futuras generaciones de abogados y abogadas de la República, cuyos beneficios alcanzan el mejoramiento del sistema de administración de justicia en cualquier rama del derecho.

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